Inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad

En el transcurso de dos semanas la LIGA DE ABOGADOS ha logrado dos históricas victorias por el derecho a la protesta social al obtener la inconstitucionalidad de los delitos de ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció hoy por la inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad contenido en el artículo 287 del Código Penal del Distrito Federal, que establece:

CAPÍTULO V ULTRAJES A LA AUTORIDAD
ARTÍCULO 287.-

Al que ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de veinte a cien días multa.

Mediante amparo interpuesto originalmente ante un tribunal colegiado de circuito y, que en revisión la Corte Suprema determinó que el delito de ultrajes a la autoridad carecía de los principios constitucionales de taxitividad y restringía de manera importante la libertad de expresión y el derecho a manifestarse de los ciudadanos.

Hace tan solo unas semanas esta liga había logrado una victoria al obtener una votación que calificaba como inconstitucional el delito de ataques a la paz pública. Al respecto Guillermo Naranjo mencionó que

“Desde la sociedad civil le hemos arrancado al GDF dos delitos utilizados para reprimir a la protesta”.

Guillermo Naranjo junto con otros abogados, defendieron entre otros casos el de la activista Luna Flores acusada de ultrajes a la autoridad quien fue detenida en prisión política hasta obtener su libertad en abril de 2014. De dicho caso se desprendió el amparo que logró hoy la inconstitucionalidad de ultrajes a la autoridad.

Para esta Liga la decisión de la Corte constituye sin duda una victoria más para afianzar el derecho a la protesta en un contexto represivo donde tanto el gobierno de Enrique Peña Nieto como el gobierno de Miguel Ángel Mancera, entre otros, han pretendido por la fuerza retirar de la esfera ciudadana el derecho a disentir y a tomar la plaza pública.

La liga de abogados agradece el amicus interpuesto por la organización I(dh)eas y el Frente Por La Libertad de Expresión y Protesta Social.

Junto con las victimas que esta liga representa hemos iniciado los procedimientos para establecer la responsabilidad patrimonial del Estado por las detenciones y los procesos injustificados, casos que también se encuentran pendientes de ser resueltos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Foto: somoselmedio.org

Reflexiones sobre la inconstitucionalidad del delito de Ataques a la Paz Pública

Por Jorge Miranda.

Integrante de la Liga de Abogados 1 de Diciembre y redactor del amparo.

El 24 de febrero de 2016, representa un día histórico para el pueblo de México. La H. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández y los Ministros José Ramón Cossío Díaz y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, determinó que dicho artículo es inconstitucional, con lo cual se retira el proyecto para resolver el amparo en revisión 4384/2013, promovido por el quejoso Bryan Reyes Rodríguez, a cargo del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que optaba por declarar constitucional dicho artículo, para reformularse y declararlo inconstitucional, por lo que, en los próximos días se hará pública la sentencia con el criterio inamovible de declararlo inconstitucional.

Con ésta determinación, por primera vez en la historia de México, se allana el camino para que el poder político deje de utilizar dicho delito para estigmatizar, criminalizar y judicializar la protesta social, que se agudizó desde el 1º de diciembre de 2012, en el marco de las manifestaciones contra la imposición del Partido Revolucionario Institucional, en la Presidencia de la República, aplicando dicho delito político a los manifestantes, en su momento por Marcelo Ebrard, y actualmente por el gobierno de Miguel Ángel Mancera, con el objetivo de encarcelarlos y estigmatizarlos.

Se transcribe el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, para mejor comprensión:

Se les impondrán de dos a siete años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública. La reincidencia se estará a lo que establezca éste Código”

En el debate que se ventiló en la H. Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, dichos Ministros coincidieron en que dicho artículo es inconstitucional al violar el principio de taxatividad y el derecho humano a la libertad de expresión. El proyecto del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, consideraba que dicho delito era constitucional, pero en la discusión de la sesión del 24 de febrero de 2016, se desechó dicha interpretación, al estimarse inconstitucional por atentar contra dicho principio de taxatividad.

El principio de taxatividad es un derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal, al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

Este derecho fundamental de legalidad, no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma, ya que debe existir, con suficiente grado de certeza, las conductas que constituyen infracciones y el tipo y el grado de sanción del que puede hacerse merecedor quien la cometa.

En este orden de ideas, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado; dicho de otra manera, el principio se taxatividad, se traduce en la exigencia de un contenido concreto, preciso y sin ambigüedades en la labor de tipificación de la ley, es decir, la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación, como en los hechos acontece con la aplicación de dicho artículo a todo manifestante en la Ciudad de México, con la consecuencias graves que se traducen en abusos de policías, ministerios públicos y jueces a modo, al perder la libertad e inclusive ser torturados, lo que está debidamente documentado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

A continuación, les sintetizamos las razones jurídicas concretas, por medio de las cuales, sostenemos que dicho artículo es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al criminalizar el derecho humano a la protesta social, y el derecho humano a la libertad de expresión, argumentos que forman parte del amparo promovido por la Liga de Abogados 1º de diciembre, mismos que fueron valorados en la discusión de la sesión de la H. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

1.- Dicho artículo resulta contrario a la Constitución, porque de manera indiscriminada se encasillan diversas conductas, que el legislador denomina “actos”, sin precisar de manera clara el criterio objetivo utilizado para encajar en cada supuesto, esto es, el legislador no razona, no motiva “en qué consisten los actos en contra de las personas, los bienes públicos o privados, cosas y el concepto “paz pública”, ni mucho menos el concepto que a su decir y conforme a dichos “actos” se “perturbe la paz pública”, como si todos los actos fueran de idéntica naturaleza, de igual potencial, de iguales condiciones materiales y funcionales, prescindiendo del aspecto esencial en cuanto a la conducta, dolosa o negligente, o de mera culpa, causante de la infracción legal, infringiendo con ello las garantías de igualdad ante la ley, y de legalidad y seguridad jurídica del gobernado.

En éste orden de ideas, cabe precisar que, no señala en forma clara, objetiva, precisa y sin ambigüedades, en qué consisten los “actos en contra de las personas”, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la ”paz pública” o el “menoscabo al Gobierno del Distrito Federal”; no establece con claridad, es decir, no señala en forma clara, objetiva, precisa y sin ambigüedades, en qué consiste la “paz pública”, ni razona, que se entiende por “realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública”, desconociendo el principio jurídico universal en el sentido de que para que una conducta constituya un ilícito, se requiere que una ley o que un precepto legal defina exactamente la conducta constitutiva del ilícito, violando el principio de tipicidad o taxatividad, según el cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara, limitada e inequívoca, sin reenvío a parámetros extralegales, y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogía o por mayoría de razón, y la prohibición de tipos penales ambiguos.

Además, la determinación que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposición de penas, pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio, aquél está obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal, delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados, imponiendo la determinación del sujeto responsable y de sus condiciones particulares y especiales, así como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada caso, lo que en la especie acontece, de ahí su inconstitucionalidad, pues en atención al principio de la prohibición de tipos penales ambiguos, el legislador está obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal, delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados, imponiendo la determinación del sujeto responsable y de sus condiciones particulares y especiales, así como establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada caso, lo que en la especie no acontece, pues el delito debe tener clara definición de la conducta incriminada, se debe establecer sus elementos y permitir deslindar ese delito de conductas ilícitas sancionables con otras medidas; ya que la ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la libertad y el derecho a protestar y exigir cuentas.

En palabras del ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos humanos, Sergio García Ramírez, este principio (taxatividad) es vulnerado cuando la descripción legal de la conducta es equívoca, confusa, ambigua, al punto que desemboca en interpretaciones diversas (“auspiciadas” por el legislador y que son la puerta del arbitrio) y conducir a consecuencias penales diferentes, que se reflejan en la punición y en el enjuiciamiento, por ejemplo, de ahí la exigencia de rigurosa caracterización de las conductas punibles, al amparo del principio de legalidad.

2.- Porque el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, al no tener elementos normativos que permitan definir analizar con claridad los conceptos de “violencia”, “violencia extrema” y “perturben la paz pública”, dejan al arbitrio de las y los operadores de justicia su aplicación indiscriminada, a modo. La ambigüedad del delito permite que la autoridades puedan imputar dicho delito a toda persona que se manifieste; la vaguedad del delito también permite que las y los operadores de justicia a través del derecho penal envíen un mensaje disuasivo a la población sobre el “riesgo que implica participar en actividades políticas o manifestaciones”, generando con ello, violaciones a la libertad de expresión y libre manifestación, pues el precepto que se tilda de inconstitucional, no se remite a circular, decreto, documento, reglamento, acuerdo, norma alguna o criterio jurisprudencial que establezca que debe entenderse por violencia, “violencia extrema”, “menoscaben el Gobierno del Distrito Federal”, “por actos en contra de las personas”, “por paz pública”; esto es, no se precisan las hipótesis legales en las que se indiquen cuándo estamos ante dichos elementos.

El artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, permite que las autoridades políticas y ministeriales, puedan imputar dicho delito a cualquier manifestante, con lo que se manda un mensaje a la población por conducto del derecho penal, entendido como el “riesgo que implica participar en actividades políticas o manifestaciones”, generando con ello, violaciones a la libertad de expresión y libre manifestación, que abren el camino al establecimiento de un orden fascista en nuestra sociedad al hacer nugatorio el derecho humano a la protesta social, de movilización social y de organización, emanados de las libertades democráticas y de los ideales revolucionarios del pueblo mexicano.

Es por lo anterior, que respetamos y reconocemos el trabajo de las y los Ministros garantistas, que han demostrado plena autonomía judicial y agradecemos la labor de acompañamiento y acción de las organizaciones de derechos humanos que nos acompañaron y presentaron argumentos de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

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Ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad: tipos penales que criminalizan y judicializan la protesta social

Publicado el 17 de febrero de 2016

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/HechosyDerechos/cont/31/art29.htm

Guadalupe Itzi-Guari Hurtado Bañuelos
Licenciada en derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana;
miembro del colectivo de derechos humanos “Liga de Abogados 1o. de Diciembre”,
llh_84@live.com.mx
@liga_abogados

Lizbeth Lugo Hernández
Licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México;
miembro del colectivo de derechos humanos “Liga de Abogados 1o. de Diciembre”,
Itzi_guari@hotmail.com
@liga_abogados>

Desde octubre de 2002, pasando por una dramática reforma en 2012,1 hasta la fecha, en el Título Vigésimo Séptimo del Capítulo II del Código Penal para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) se encuentra tipificado el delito “Ataques a la Paz Pública”,2 así como en el Libro Segundo Parte Especial, Título Décimo Noveno Delitos Contra el Servicio Público Cometidos por Particulares, Capítulo V, se encuentra el tipo penal de “Ultrajes a la Autoridad”;3 el primero de ellos tipificado mediante una abstracción jurídica la cual —según la ratio del legislador— fue contemplada en el Código Punitivo a fin de combatir y erradicar la financiación, irradiación y enaltecimiento del terrorismo; tipificación que se legisló al amparo del artículo 4o. de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, y que concluyó con una disposición ambigua y subjetiva, que poco dista de la redacción del tipo penal de “terrorismo” previsto en el Código Penal Federal y que nada contribuye con la verdadera lucha contra esta figura en América.

“La lucha contra el terrorismo”, tanto en América como en Europa, ha servido para justificar la proyección de normas que violentan las libertades y, en consecuencia, los derechos humanos de quienes pretenden ejercerlos, dotando de facultades a las instituciones para juzgar y castigar de forma irracional, sobre la base de valoraciones subjetivas, a quienes perturben “violentamente” la paz pública. El artículo 362 del Código penal para el Distrito Federal es un claro ejemplo de ello; un tipo penal que por razones de política criminal se buscó implementar para sancionar cualquier atentado contra el desarrollo pacífico de la sociedad, que ha sido redactado e interpretado para criminalizar y reprimir la protesta social de quienes disienten de las decisiones de las autoridades en esta jurisdicción, una disposición cuyos elementos no permiten de forma objetiva que se defina el significado de conceptos como “violencia” y “paz pública”, y que por lo tanto carece de certeza, violentando la seguridad jurídica de quienes se encuentran sujetos a su posible aplicación.

Por otro lado, el delito de ultraje es una figura igualmente controversial, no sólo porque en él radican conceptos subjetivos del tipo, vulnerando la seguridad jurídica de la persona y debido proceso de quien se le sujete a tribunales; sino que resulta contrario a la Constitución ya que cede la libre interpretación en la “percepción” de la autoridad, tanto la que “acusaré” de ser víctima directa del delito de ultrajes en ejercicio de su función pública, como la autoridad investigadora que acredite los elementos del tipo y la probable responsabilidad, hasta llegar al juzgador que sentencie al respecto; tres instancias que conllevan tres interpretaciones al libre albedrio de la exégesis del “ultraje”4 imputado; de este modo, nos enfrentamos a un tipo legal que pudiera estar basado en la moralidad de la autoridad, así como subjetivo que da pauta a aplicarse por analogía; en casos prácticos de la aplicación del tipo5 se coarta una de las bases de la democracia, tal como es el derecho a la libertad de expresión, en el cual radica el manifestar su pensamiento de ciudadanas y ciudadanos activos, críticos, comprometidos con los asuntos públicos, atentos al comportamiento y a las decisiones de los gobernantes y todo servidor público, principalmente en las fuerzas de seguridad pública, siendo con ello capaces de hacer cumplir la función que les corresponde en un régimen democrático; razón por la cual resulta prioritario que la autoridad asuma el derecho de exigir el cabal comportamiento de la maquinaria del Estado por parte de las y los gobernados.

Dentro del análisis del tipo penal de “ultrajes a la autoridad”, se evidencia la vulneración y coacción al derecho de libertad de pensamiento y expresión; por ello retomamos lo que ha referido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la libertad de expresión, que recordó a su vez el Tribunal Europeo de Derechos Humanos:

…la libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y una condición fundamental para su progreso y para el desarrollo personal de cada individuo.

Dicha libertad no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática. …Esto significa que… toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta en la materia debe ser proporcionada al fin legítimo que se persigue…6

Por lo que es prioritaria la tolerancia por parte de la autoridad, así como un aumento en el nivel de crítica y tono discursivo de las y los gobernados, dados los motivos de la protesta social, la cual se realiza ante una crisis de derechos humanos, donde no se tiene la instrumentación necesaria para su garantía y protección, así como la incapacidad de las y los servidores públicos en la materia; vulnerándose el ejercicio de los derechos civiles y políticos con tipos penales como los analizados, acumulados a la criminalización de la protesta social que enfrenta la disidencia, para de este modo dar como resultado la judicialización de la protesta con sanciones corporales desproporcionadas y con ello inhibir la participación política de la ciudadanía; negando, obstaculizado y restringiendo derechos civiles y políticos; lo cual se agrava al tener tipos penales con estas peculiaridades y una maquinaria judicial que obstaculiza las garantías judiciales y una protección adecuada a éstas; siendo juzgados por tribunales sin independencia y parciales que extienden el castigo a las y los manifestantes que protestan, obstaculizando el acceso a un juicio justo a quienes fueron arbitrariamente detenidos, legalizando así la privación de la libertad personal en el marco de la protesta social bajo un Estado de derecho de una democracia simulada como la que actualmente vive México.

El 1o. de diciembre de 2012, en el marco de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de los Estados Unidos Mexicanos y ante el descontento masivo por su imposición, cientos de mexicanos y mexicanas marcharon por las calles de la Ciudad de México para mostrar su descontento; como respuesta a sus demandas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron arbitrariamente a más de un centenar de personas, imputándoles hechos falsos a fin de que encuadrara su conducta con el tipo penal previsto en el artículo 362; ante dicha fabricación, diversos grupos de activistas y juristas hicieron notar la posible contradicción entre el texto del artículo narrado con la Constitución; lo anterior en virtud de que fue mediante la interpretación subjetiva y análoga de ese tipo penal que se realizaron acusaciones falsas y desproporcionadas que vulneraban directamente el derecho a la libertad de pensamiento, expresión y asociación, gama de derechos ampliamente reconocidos en nuestro ordenamiento y garantizados por la Convención Americana de Derechos Humanos, situación que evidentemente convierte al tipo penal “ataques a la paz pública” en una disposición anticonstitucional al permitir que se utilice la norma penal por analogía o interpretación subjetiva con el único fin de reprimir la protesta social.

En días recientes, producto de la defensa jurídica que se ha realizado en favor de Brayan Reyes Rodríguez, músico activista procesado injustamente por los hechos acaecidos el 1o. de diciembre de 2012 y a quien imputan el delito “Ataques a la paz pública” es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como última instancia nacional, entrará al estudio de la constitucionalidad del artículo 362 del multicitado Código Penal; el proyecto de resolución al amparo directo en revisión núm. 4384/2013, por razones de turno, ha sido encomendado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el cual, según la versión pública del proyecto7 a debatir en la Segunda Sala de la Corte, resuelve que en el tipo penal existen los suficientes elementos “objetivos” para que se pueda definir con claridad lo que significa “paz pública” y “violencia”, razón por la cual propone no otorgar el amparo y protección de la justicia federal y con ello confirmar la constitucionalidad de una disposición a todas luces contraria a los principios de libertad y seguridad que edifican nuestra Constitución; disposición que permite, además, la criminalización de la protesta social a través de métodos interpretativos irracionales —en cuanto a sus elementos— que se permiten realizar las autoridades ministeriales y judiciales “competentes” y que distan mucho del nuevo parámetro de protección a los derechos fundamentales que deben acatar por mandato constitucional; lo mismo acontece en el tipo penal de “ultrajes a la autoridad”, prevaleciendo la fabricación de este delito, como modo de castigo a las y los manifestantes dentro de las protestas sociales.

Del mismo modo, en una consecutiva oleada represiva que ha acontecido en la Ciudad de México, la Corte estudiaría el caso de Gabriela Hernández Arreola, quien fuera detenida ilegalmente en la manifestación del 10 de junio de 2013, lo que motivó que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitiera en su favor (junto con otras personas detenidas ilegalmente y torturadas) la recomendación 9/2015, donde se recomienda la derogación del delito de “ultrajes a la autoridad”.8 El caso de Gabriela Hernández resulta paradigmático por haber sido privada de su libertad por medio de una pena desproporcionada resultado de su activismo político. Ante ello es necesario observar que las acusaciones a las que se enfrenta la ahora quejosa en el juicio de reproche penal9 se desenvuelven en un escenario de protesta social por “detenciones arbitrarias” (confirmadas como tales por el ombudsman local).10 El tipo penal aplicado de “ultrajes a la autoridad”, al realizarse un análisis lógico-jurídico, resulta interpretativo, enviando un claro mensaje a partir de su judicialización tendiente a inhibir la participación ciudadana en el debate público al privilegiar el estatus de “autoridad” y “servidor público”, y con ello sancionar cualquier afectación a su imagen, honor, honra, decoro y/o estima, independientemente del contexto en que ésta se realice y dejar la posibilidad de interpretación a la parte acusadora, es decir, a la autoridad (la cual por el solo hecho de serlo ya goza de un estatus privilegiado en un plano de desigualdad frente al gobernado); de ahí que la norma penal se advierta como una amenaza punitivamente a cualquier opinión contraria a la autoridad, lo que resulta contrario a los derechos humanos de libertad de expresión, manifestación, reunión y protesta social. Derechos que en un contexto de “crisis de derechos humanos”, lejos de ser criminalizados, deben ser privilegiados.

La interpretación que de la norma han hecho tanto el ministro Mena como Pardo Rebolledo poco abunda a la claridad de los preceptos narrados, además de carecer de parámetros que brinden el mayor beneficio a la y el quejoso y que se sustenten en la llamada interpretación conforme y el principio pro personae; en esta tesitura, resulta poco congruente, por parte de las ponencias de los ministros en cita, que después de la reforma en materia de derechos humanos que reestructurara la protección y reconocimiento que de los mismos hacia nuestra carta magna, existan criterios que lejos de abonar a la protección del ciudadano, permitan que se utilice el derecho penal en contra de quien diciente del poder político. Justificación lisa y llana de la represión.

Creemos que en un Estado que se reivindique como democrático y de derecho no pueden subsistir normas que con su aplicación limiten el goce y ejercicio de otros derechos y que atenten, además, en contra de los principios por los cuales se edifica el Estado, tales como la libertad, seguridad, integridad y dignidad humana; en este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo tribunal de control de la constitucionalidad del poder político en nuestro país, deberá asumir la discusión de los amparos en revisión núms. 4384/2013 y 4436/2015 con una postura activa y congruente a su función, realizando, sin valoraciones personales o de corte político, un control efectivo de la constitucionalidad de los artículos 362 y 287 del Código Penal de la hoy Ciudad de México; es momento de que los ministros y ministras de la Primera y Segunda Sala de la Corte tomen en serio los precedentes y criterios que ellos mismos han avalado, garanticen mediante su función un verdadero Estado de derecho en donde la oposición sea escuchada y respetada.

Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la oportunidad de hacer respetar la esencia de la Constitución por encima de líneas políticas de corte represivo; hoy tiene el deber de declarar contrarios a la Constitución los dispositivos penales invocados, crear un precedente que permita a quienes se vean afectados con estas disposiciones defenderse ante los tribunales y con ello lograr —hasta en tanto no se deroguen— que dichos dispositivos pierdan vigencia; sólo así nuestro máximo tribunal podrá refrendar la virtud por la que ha sido instaurado, defender la Constitución impartiendo justicia.

NOTAS:
1. En diciembre de 2012, producto de una intensa presión social, derivada de la detención arbitraria de más de cien personas el 1o. del mismo mes y año, se sometió a discusión en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la derogación del artículo 362 del Código Penal; no obstante se acreditara durante el debate que tal determinación era ambigua y perseguía fines diversos al de su creación, con la votación de la mayoría de los representantes se reformó el tipo penal, convirtiéndolo en un delito no grave al disminuirle la pena y eliminado de sus elementos el concepto “violencia extrema”.
2. Artículo 362. Se les impondrá de dos a siete años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendios, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública.
3. Artículo 287. Al que ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de veinte a cien días multa.
4. Entiéndase como ultraje a la autoridad todo aquel acto que suponga una ofensa, insulto o agresión, de forma física o verbal, dirigida contra un agente de la autoridad o un servidor público, con motivo del cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de ellas.
5. Caso de Gabriela Hernández Arreola, conocida a través de las redes sociales como Luna Flores; cuyo sumario resulta paradigmático por la posible utilización del derecho penal como medio de coartar la libertad de reunión y manifestación las personas y dejar así un peligroso mensaje punitivo a quienes inconformes con la crisis de derechos humanos ya aludida, vean en la libertad de manifestación, expresión, reunión y derecho a la protesta, los causes para hacer valer su descontento y exigir una respuesta por parte de las autoridades.¿Quién es Luna Flores?, visible en: http://revoluciontrespuntocero.com/quien-es-luna-flores/.
6. Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Perna v. Italia; sentencia del 6 de mayo de 2003.
7. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/Primera_Sala/1ra_listas_asuntossesion/20%20ENERO%202016%20SR%20LISTAS%20PARA%20SESI%C3%93N%20DATOS%20SENSIBLES.pdf.
8. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Recomendación 09/2015.
9. Proyecto de sentencia propuesto por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, Secretaria: Nínive Ileana Penagos Robles, respecto a la resolución del Amparo en Revisión 4436/2015. Visible en: https://www.scjn.gob.mx/Primera_Sala/1ra_listas_asuntossesion/2%20DICIEMBRE%202015%20SR%20LISTAS%20PARA%20SESI%C3%93N%20DATOS%20SENSIBLES.pdf.
10. CDHDF, Recomendación 11/2015 Detenciones Arbitrarias 2 de octubre de 2015.

Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV

La Liga de Abogados logra la inconstitucionalidad del art. 362

Gracias al amparo promovido por integrantes de esta Liga de Abogados en contra del art. 362 del Código Penal del Distrito Federal denominado Ataques a la Paz Pública y dentro del caso del joven activista y preso político Bryan Reyes, el día de hoy la 1° Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que su redacción viola la Carta Magna y por ende resulta inconstitucional, desechando así la propuesta del Ministro Ortiz Mena que proponía su constitucionalidad.

En la sesión de hoy los ministros Norma Lucía Piña Hernández, José Ramón Cosío y Arturo Zaldívar solicitaron que el proyecto se reformulara con los lineamientos y las observaciones de la 1° Sala y así declarar formalmente la inconstitucionalidad.

No olvidamos que los jóvenes consignados el 1° de diciembre de 2012 cuando Peña Nieto usurpó el poder fueron acusados de este delito hoy inconstitucional. Para la Liga de Abogados este hecho constituye una victoria que sin duda fortalece el derecho a la protesta y sienta un precedente nacional para este tipo de delitos que son usados por los gobiernos, en cientos de casos, para poner tras la rejas a personas que solo desean manifestar alguna inconformidad.

Felicitamos particularmente a Jorge Miranda quien redactó el amparo y al abogado Guillermo Naranjo por su acompañamiento.

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Comunicado de la Liga de Abogados 1 de diciembre, sobre los recientes hechos de represión.

Desde la Liga de Abogados 1 de diciembre, condenamos y repudiamos la brutal represión ceñida contra el magisterio y sectores populares el día 13 de septiembre de 2013, a manos del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Mancera, el Pacto por México y sus fuerzas represivas.

Este ataque a las libertades civiles y democráticas que se materializa con: detenciones arbitrarias, presos políticos, fabricación de delitos, procesos judiciales amañados y la desaparición de detenidos, es la continuación de una política llevada a cabo desde el 1 de diciembre de 2012, el 10 de junio y 1 de septiembre de 2013 para implementar las llamadas “reformas estructurales”, mediante la criminalización de la protesta social, la juventud y sectores en lucha como el magisterio. En el mismo tenor, reconocemos como parte de esta dinámica represiva, la resolución judicial sobre del profesor Alberto Patishtán, quien es víctima de la política de venganza, dirigida contra aquellos que denuncian las arbitrariedades cometidas por el Estado.

El desalojo del plantón a manos de las fuerzas represivas Federales y del GDF -bajo el mando de Manuel Mondragón e incluso con la asistencia de militares- es una acción propia de gobiernos autoritarios que violan todos los principios de Derechos Humanos, libertades democráticas y los contenidos en los tratados internacionales de Derechos Humanos.
La Liga de abogados 1 de diciembre, se pronuncia por una respuesta Urgente a estos hechos y hacemos el llamado a todo aquel Abogado, profesionista, organización de Derechos Humanos y a todo aquel indignado con la situación dada ayer, para articular un frente de organización único contra la represión y libertad inmediata e incondicional de los detenidos.
Saludamos los esfuerzos que vienen dando diversos abogados y la CNTE, con quienes mantendremos coordinación constante, para que desde nuestras modestas trincheras hagamos frente a la ola represiva que afecta a los movimientos sociales.

Por la libertad de todos los presos por luchar.

Abajo el Pacto por México.
Alto a la criminalización de la protesta social.

Basta de represión y ataque a las libertades democráticas y civiles. 

Libertad inmediata e incondicional a los presos políticos y demás víctimas de la violencia del Estado.

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Razones para exigir la derogación del delito de ataques a la paz pública.

Los sucesos del 1 de diciembre nos hicieron preguntarnos como capitalinos si teníamos la suficiente cobertura legal para que las autoridades respondieran ante disturbios generalizados que afecten la convivencia y el patrimonio, tanto común como particular.

¿La ciudad, la convivencia y el patrimonio están protegidos ante disturbios?

De una revisión del Código Penal para el DF extraje los delitos que eventualmente sancionarían algunas conductas posiblemente cometidas durante disturbios:

Art. 123 Homicidio, art. 129 Homicidio en riña, art. 130 Lesiones, art. 133 Lesiones en Riña art. 157 Omisión de auxilio,  art. 160 Privación de la libertad,  art. 17 Abuso sexual, art. 206 discriminación (incitar al odio y a la violencia), art. 206 bis Tortura, art. 209 amenazas

Art. 210 Allanamiento de morada, art. 211 Allanamiento de oficina o establecimiento mercantil, art. 220 Robo, art. 223 fracción XVI Robo en situación de desorden público, art. 225 Robo con agravante cometido con instrumentos peligrosos, art. 237 Despojo, art. 238 Despojo cometido en grupos mayores de 5 personas.

Art.  239 Daño en propiedad, art. 241 Daño en propiedad agravado a monumentos de valor cultural, art. 251 Portación de objetos aptos para agredir, art. 252 Delitos cometidos en pandilla agravante, art. 282 Resistencia de particulares, art. 287 Ultrajes a la autoridad art. 288 Ejercicio ilegal del propio derecho.

Art. 330 Ataque a las vías de comunicación y a los medios de transporte, art.  332 Seguridad del tránsito de vehículos fracción I  alteración de señales viales, fracción II derrame sustancias deslizantes o inflamables, art.  361 Rebelión, art. 363 Sabotaje, art. 364 Motín, art. 365 Sedición.

32 artículos del Código Penal parecen más que suficientes para castigar situaciones específicas y concretas durante eventuales disturbios. En esta ciudad además del Código Penal, contamos con la Ley de Cultura Cívica para el Distrito Federal que contempla alrededor de 20 conductas que, de realizarse, acarrearían a los responsables arresto y multa, entre ellas, vejar verbalmente a una persona, propinar golpes, producir ruidos que alteren la tranquilidad, impedir el uso de bienes públicos, portar objetos peligrosos o inflamables, entre otras.

Por si no fuera poco, el DF es la única entidad que cuenta con una Ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de Seguridad Publica del Distrito Federal y un reglamento, que regulan con precisión que debe hacer la policía en situaciones como las del 1 de diciembre y que por cierto no aplicaron.

¿Por qué deben los diputados derogar artículo 362 de ataques a la paz pública?

Por alguna razón Marcelo Ebrard y después Miguel Mancera no consignaron o reclasificaron a las personas detenidas por alguno de los delitos específicos anteriormente mencionados. Usaron el 362 que decía antes de la reforma:

Se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos,que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación.

Este delito tenía mayor penalidad que la mayoría de los mencionados anteriormente, incluso por su pena, podría ser más grave que la mayoría de las hipótesis de homicidio. El problema central de este artículo no reside en eso solamente. Su peligro es la vaguedad.

Se entiende que quien use sustancias tóxicas, incendio, inundación o violencia extrema para perturbar la paz pública o menoscabar la autoridad del GDF comete este delito, pero la legislación no da una definición de violencia extrema, ni de paz pública, ni qué significa menoscabar la autoridad. La primera lección del derecho penal es el principio de taxatividad penal, que implica que los delitos describan conductas específicas y claras.

Al no existir definición legal de estos tres aspectos, queda en la PGJDF y después en un juez determinar qué significan. Pueden, como es el caso de Rita Neri, decir que es posible que cometiera este delito solo por estar cerca, ya que la juez vio un video y le parece a “ojo de buen cubero” que Rita sale ahí. Video que no fue objeto de estudio pericial.Rita no sale en el video, no avienta objetos y no agrede a nadie. En tanto demostramos lo contrario, Rita podría pasar meses en injusta prisión afectando su vida para siempre.

El problema no se soluciona con desgravar la pena y modificar el texto como se hizo hoy en la ALDF. No se soluciona porque la vaguedad, permanece y esa indeterminación la que hace que en cualquier momento alguna autoridad pueda aplicarla contra nosotros, contra cualquiera. Así queda el texto final aprobado hoy:

Se les impondrán de dos a siete años de prisión y suspensión de los derechos políticos hasta por diez años a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio o por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados, o servicios públicos, que perturben la paz pública.

La reincidencia se estará a lo que establezca este código.

La ambigüedad persiste porque no hay definición legal de paz pública. Los diputados no saben lo que aprobaron. Los 14 jóvenes detenidos podrían salir porque el delito  por el que fueron procesados ha sido cambiado. No existe más. Si la juez sostiene que es el mismo delito podrían salir bajo fianza. Pero hay que esperar a que Miguel Mancera lo publique en la gaceta oficial. Ayer advirtió revisaría la reforma así como en el segundo día de su gestión advirtió que revisaría los casos y nunca cumplió.

El artículo 362 se debe derogar, no tiene cupo en un Estado de Derecho, atenta contra los principios del derecho internacional de los derechos humanos y representa una involución histórica de 4 décadas. De izquierda, de derecha, liberales y socialistas, muchos simplemente demócratas, lucharon para que delitos ambiguos como la disolución social, fueran derogados.

De memoria corta los diputados del PAN, PRD, PT y MC se olvidan queManuel Gómez Morín, Efraín González Luna, Adolfo Christlieb Ibarrola,Fernando Gómez Mont, José Revueltas, Filomeno Mata, Demetrio Vallejo, El Movimiento Estudiantil del 68, Gilberto Guevara Niebla,Carlos Monsiváis entre muchos otros lucharon por eliminar del derecho penal delitos que como ataques a la paz pública, se usaron con tintes políticos.

Estos días de diciembre me han hecho perder las pocas esperanzas en una clase política anquilosada dispuesta a cambiar votos por presupuesto. Dispuesta incluso a reducir la edad penal a 11 años, para usar el derecho penal como política pública para niños y jóvenes que no tienen opciones educativas y laborales.

Me queda aún la esperanza que la sociedad ha cambiado y que en algún momento del día pueda preguntarse:

¿Si la convivencia respetuosa está protegida por tantos artículos, para qué le doy a la autoridad una herramienta para detener a personas con fines políticos?

Jesús Robles Maloof

@roblesmaloof es Integrante de @PropuestaCivica y de la Liga de Abogados 1 de diciembre.

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