Inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad

En el transcurso de dos semanas la LIGA DE ABOGADOS ha logrado dos históricas victorias por el derecho a la protesta social al obtener la inconstitucionalidad de los delitos de ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció hoy por la inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad contenido en el artículo 287 del Código Penal del Distrito Federal, que establece:

CAPÍTULO V ULTRAJES A LA AUTORIDAD
ARTÍCULO 287.-

Al que ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de veinte a cien días multa.

Mediante amparo interpuesto originalmente ante un tribunal colegiado de circuito y, que en revisión la Corte Suprema determinó que el delito de ultrajes a la autoridad carecía de los principios constitucionales de taxitividad y restringía de manera importante la libertad de expresión y el derecho a manifestarse de los ciudadanos.

Hace tan solo unas semanas esta liga había logrado una victoria al obtener una votación que calificaba como inconstitucional el delito de ataques a la paz pública. Al respecto Guillermo Naranjo mencionó que

“Desde la sociedad civil le hemos arrancado al GDF dos delitos utilizados para reprimir a la protesta”.

Guillermo Naranjo junto con otros abogados, defendieron entre otros casos el de la activista Luna Flores acusada de ultrajes a la autoridad quien fue detenida en prisión política hasta obtener su libertad en abril de 2014. De dicho caso se desprendió el amparo que logró hoy la inconstitucionalidad de ultrajes a la autoridad.

Para esta Liga la decisión de la Corte constituye sin duda una victoria más para afianzar el derecho a la protesta en un contexto represivo donde tanto el gobierno de Enrique Peña Nieto como el gobierno de Miguel Ángel Mancera, entre otros, han pretendido por la fuerza retirar de la esfera ciudadana el derecho a disentir y a tomar la plaza pública.

La liga de abogados agradece el amicus interpuesto por la organización I(dh)eas y el Frente Por La Libertad de Expresión y Protesta Social.

Junto con las victimas que esta liga representa hemos iniciado los procedimientos para establecer la responsabilidad patrimonial del Estado por las detenciones y los procesos injustificados, casos que también se encuentran pendientes de ser resueltos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Foto: somoselmedio.org

Reflexiones sobre la inconstitucionalidad del delito de Ataques a la Paz Pública

Por Jorge Miranda.

Integrante de la Liga de Abogados 1 de Diciembre y redactor del amparo.

El 24 de febrero de 2016, representa un día histórico para el pueblo de México. La H. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández y los Ministros José Ramón Cossío Díaz y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, determinó que dicho artículo es inconstitucional, con lo cual se retira el proyecto para resolver el amparo en revisión 4384/2013, promovido por el quejoso Bryan Reyes Rodríguez, a cargo del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que optaba por declarar constitucional dicho artículo, para reformularse y declararlo inconstitucional, por lo que, en los próximos días se hará pública la sentencia con el criterio inamovible de declararlo inconstitucional.

Con ésta determinación, por primera vez en la historia de México, se allana el camino para que el poder político deje de utilizar dicho delito para estigmatizar, criminalizar y judicializar la protesta social, que se agudizó desde el 1º de diciembre de 2012, en el marco de las manifestaciones contra la imposición del Partido Revolucionario Institucional, en la Presidencia de la República, aplicando dicho delito político a los manifestantes, en su momento por Marcelo Ebrard, y actualmente por el gobierno de Miguel Ángel Mancera, con el objetivo de encarcelarlos y estigmatizarlos.

Se transcribe el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, para mejor comprensión:

Se les impondrán de dos a siete años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública. La reincidencia se estará a lo que establezca éste Código”

En el debate que se ventiló en la H. Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, dichos Ministros coincidieron en que dicho artículo es inconstitucional al violar el principio de taxatividad y el derecho humano a la libertad de expresión. El proyecto del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, consideraba que dicho delito era constitucional, pero en la discusión de la sesión del 24 de febrero de 2016, se desechó dicha interpretación, al estimarse inconstitucional por atentar contra dicho principio de taxatividad.

El principio de taxatividad es un derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal, al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

Este derecho fundamental de legalidad, no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma, ya que debe existir, con suficiente grado de certeza, las conductas que constituyen infracciones y el tipo y el grado de sanción del que puede hacerse merecedor quien la cometa.

En este orden de ideas, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado; dicho de otra manera, el principio se taxatividad, se traduce en la exigencia de un contenido concreto, preciso y sin ambigüedades en la labor de tipificación de la ley, es decir, la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación, como en los hechos acontece con la aplicación de dicho artículo a todo manifestante en la Ciudad de México, con la consecuencias graves que se traducen en abusos de policías, ministerios públicos y jueces a modo, al perder la libertad e inclusive ser torturados, lo que está debidamente documentado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

A continuación, les sintetizamos las razones jurídicas concretas, por medio de las cuales, sostenemos que dicho artículo es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al criminalizar el derecho humano a la protesta social, y el derecho humano a la libertad de expresión, argumentos que forman parte del amparo promovido por la Liga de Abogados 1º de diciembre, mismos que fueron valorados en la discusión de la sesión de la H. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

1.- Dicho artículo resulta contrario a la Constitución, porque de manera indiscriminada se encasillan diversas conductas, que el legislador denomina “actos”, sin precisar de manera clara el criterio objetivo utilizado para encajar en cada supuesto, esto es, el legislador no razona, no motiva “en qué consisten los actos en contra de las personas, los bienes públicos o privados, cosas y el concepto “paz pública”, ni mucho menos el concepto que a su decir y conforme a dichos “actos” se “perturbe la paz pública”, como si todos los actos fueran de idéntica naturaleza, de igual potencial, de iguales condiciones materiales y funcionales, prescindiendo del aspecto esencial en cuanto a la conducta, dolosa o negligente, o de mera culpa, causante de la infracción legal, infringiendo con ello las garantías de igualdad ante la ley, y de legalidad y seguridad jurídica del gobernado.

En éste orden de ideas, cabe precisar que, no señala en forma clara, objetiva, precisa y sin ambigüedades, en qué consisten los “actos en contra de las personas”, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la ”paz pública” o el “menoscabo al Gobierno del Distrito Federal”; no establece con claridad, es decir, no señala en forma clara, objetiva, precisa y sin ambigüedades, en qué consiste la “paz pública”, ni razona, que se entiende por “realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública”, desconociendo el principio jurídico universal en el sentido de que para que una conducta constituya un ilícito, se requiere que una ley o que un precepto legal defina exactamente la conducta constitutiva del ilícito, violando el principio de tipicidad o taxatividad, según el cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara, limitada e inequívoca, sin reenvío a parámetros extralegales, y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogía o por mayoría de razón, y la prohibición de tipos penales ambiguos.

Además, la determinación que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposición de penas, pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio, aquél está obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal, delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados, imponiendo la determinación del sujeto responsable y de sus condiciones particulares y especiales, así como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada caso, lo que en la especie acontece, de ahí su inconstitucionalidad, pues en atención al principio de la prohibición de tipos penales ambiguos, el legislador está obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal, delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados, imponiendo la determinación del sujeto responsable y de sus condiciones particulares y especiales, así como establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada caso, lo que en la especie no acontece, pues el delito debe tener clara definición de la conducta incriminada, se debe establecer sus elementos y permitir deslindar ese delito de conductas ilícitas sancionables con otras medidas; ya que la ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la libertad y el derecho a protestar y exigir cuentas.

En palabras del ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos humanos, Sergio García Ramírez, este principio (taxatividad) es vulnerado cuando la descripción legal de la conducta es equívoca, confusa, ambigua, al punto que desemboca en interpretaciones diversas (“auspiciadas” por el legislador y que son la puerta del arbitrio) y conducir a consecuencias penales diferentes, que se reflejan en la punición y en el enjuiciamiento, por ejemplo, de ahí la exigencia de rigurosa caracterización de las conductas punibles, al amparo del principio de legalidad.

2.- Porque el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, al no tener elementos normativos que permitan definir analizar con claridad los conceptos de “violencia”, “violencia extrema” y “perturben la paz pública”, dejan al arbitrio de las y los operadores de justicia su aplicación indiscriminada, a modo. La ambigüedad del delito permite que la autoridades puedan imputar dicho delito a toda persona que se manifieste; la vaguedad del delito también permite que las y los operadores de justicia a través del derecho penal envíen un mensaje disuasivo a la población sobre el “riesgo que implica participar en actividades políticas o manifestaciones”, generando con ello, violaciones a la libertad de expresión y libre manifestación, pues el precepto que se tilda de inconstitucional, no se remite a circular, decreto, documento, reglamento, acuerdo, norma alguna o criterio jurisprudencial que establezca que debe entenderse por violencia, “violencia extrema”, “menoscaben el Gobierno del Distrito Federal”, “por actos en contra de las personas”, “por paz pública”; esto es, no se precisan las hipótesis legales en las que se indiquen cuándo estamos ante dichos elementos.

El artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, permite que las autoridades políticas y ministeriales, puedan imputar dicho delito a cualquier manifestante, con lo que se manda un mensaje a la población por conducto del derecho penal, entendido como el “riesgo que implica participar en actividades políticas o manifestaciones”, generando con ello, violaciones a la libertad de expresión y libre manifestación, que abren el camino al establecimiento de un orden fascista en nuestra sociedad al hacer nugatorio el derecho humano a la protesta social, de movilización social y de organización, emanados de las libertades democráticas y de los ideales revolucionarios del pueblo mexicano.

Es por lo anterior, que respetamos y reconocemos el trabajo de las y los Ministros garantistas, que han demostrado plena autonomía judicial y agradecemos la labor de acompañamiento y acción de las organizaciones de derechos humanos que nos acompañaron y presentaron argumentos de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

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